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El viernes 5 de agosto, en la provincia de Matanzas, Cuba, un rayo cayó sobre un tanque de combustible, en la instalación de almacenamiento de petróleo más grande de Cuba. Esto provocó una tremenda explosión y un incendio, aún no controlado, que ha dejado decenas de heridos, algunos en estado crítico. Hasta el sábado 6 de agosto, al menos 17 bomberos fueron reportados como desaparecidos.

Este incendio, el más grande en la historia de Cuba, se produce en un momento en que Cuba atraviesa una crisis energética debido al aumento de los costos mundiales del combustible, así como a una infraestructura obsoleta y sobreexplotada. Este incendio en el tanque de petróleo, sin duda, agravará aún más los cortes de electricidad que están sufriendo los cubanos en este caluroso verano. Los recursos que el gobierno se verá obligado a utilizar, en respuesta a desastres, también tendrán un impacto negativo en el bienestar general de los cubanos, que ya están sufriendo una crisis económica y humanitaria debido a la pandemia, la recesión económica mundial y las sanciones impuestas por la administración Trump y que continúan bajo el mandato del presidente Biden.

La Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha expresado sus condolencias y ha emitido una declaración de que la ley de los Estados Unidos “autoriza a las entidades y organizaciones de los Estados Unidos a brindar ayuda y respuesta en casos de desastre en Cuba”. Sin embargo, la política estadounidense crea barreras reales y significativas para las organizaciones que intentan brindar asistencia a los cubanos, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. Por ejemplo, las sanciones a Cuba impiden que las organizaciones estadounidenses brinden asistencia urgente debido a la necesidad de licencias de exportación del Departamento de Comercio y a la falta de servicio de carga aérea comercial entre los EE. UU. y Cuba. La inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo significa que los bancos, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, se muestran reacios a procesar donaciones humanitarias. Y aunque las remesas de donaciones (que pueden enviarse con fines humanitarios) han sido recientemente reautorizadas por la administración de Biden, no existe ningún mecanismo para enviarlas, ya que el gobierno de EE. UU. sigue negándose a utilizar las entidades cubanas establecidas que históricamente las han procesado.  Además, las plataformas de pago y recaudación de fondos como GoFundMe, PayPal, Venmo y Zelle, no procesarán ninguna transacción destinada o relacionada con Cuba, debido a las sanciones de EE. UU.

La respuesta a este desastre debería provenir principalmente del gobierno de los Estados Unidos. La Directiva de Política Presidencial, una guía de política de la administración de Obama que parece permanecer vigente, menciona específicamente la cooperación de EE. UU. con Cuba “en áreas de interés mutuo, incluidos asuntos diplomáticos, agrícolas, de salud pública y ambientales, así como preparación y respuesta ante desastres. ” El Departamento de Estado y el Departamento de Defensa tienen la responsabilidad principal de coordinar las respuestas a los desastres y deberían hacerlo ahora.

Estados Unidos cuenta con el personal y el equipo experimentados necesarios para combatir este tipo de incendios y aliviar las consecuencias ambientales, una experiencia que Cuba no tiene y que ha solicitado a otras naciones. Retener la asistencia en este momento crítico mostraría a los cubanos, a los Cubanoamericanos y al mundo, que la Administración Biden no está realmente interesada en el bienestar de los cubanos, a pesar de las declaraciones diciendo lo contrario. Esta es una oportunidad para mostrar compasión, cooperación regional, responsabilidad ambiental y, en general, ser buenos vecinos.

La rapidez es esencial. Instamos al presidente Biden a ordenar la coordinación inmediata entre las agencias estadounidenses pertinentes, para brindar la asistencia directa y urgente que Cuba está solicitando. La administración también debe levantar las políticas y sanciones existentes que inhiben o impiden que Cuba reciba ayuda médica, humanitaria y ambiental esencial, o que reciba asistencia financiera y de otro tipo, de naciones o entidades.

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