(PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA — 4 de enero de 2026)
Washington, D.C. — La Alianza por el Compromiso y el Respeto hacia Cuba (ACERE) advierte que la captura y el traslado del presidente venezolano Nicolás Maduro desde Caracas por fuerzas de Estados Unidos es extraordinariamente peligrosa para los pueblos venezolano y estadounidense, y para toda la región.
Esta operación realizada en la madrugada del 3 de enero ha vulnerado la soberanía de Venezuela y socavado principios básicos del derecho internacional y de la Carta de la ONU. También ha aumentado la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones de Estados Unidos con Venezuela y la región, y nos acerca a un enfrentamiento militar directo con otro país de nuestro hemisferio.
Acciones como ésta van en contra de los intereses estadounidenses. Lejos de fortalecer la seguridad nacional, agravan riesgos existentes y crean nuevos. Normalizar el uso de la fuerza y los “arrestos” extraterritoriales como herramientas políticas invita a represalias y tensa las relaciones con nuestros vecinos en toda la región, sean aliados o no.
Expertos en derecho y política pública también han advertido que la justificación esgrimida para esta operación difumina la línea entre la “aplicación de la ley” y una intervención política de duración indefinida, profundizando el peligro de escalada y de consecuencias negativas a largo plazo.
La administración Trump ha utilizado cuatro argumentos para justificar esta operación militar. Primero, que se trata de la captura de una persona acusada por cargos de narcotráfico en tribunales estadounidenses; sin embargo, el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández —condenado en un tribunal federal de EE. UU. por graves delitos de narcotráfico— fue indultado recientemente por el presidente Trump, lo que evidencia una incoherencia flagrante en la supuesta lógica antinarcóticos de la administración.
Segundo, que Maduro lidera una pandilla responsable de terror en Venezuela: una afirmación que no ha sido sustentada públicamente con pruebas y que ha sido cuestionada por instancias internacionales. Tercero, que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela: una suposición fuertemente disputada a nivel internacional y que no constituye una base legal para el uso unilateral de la fuerza militar. Cuarto, que esta operación busca “recuperar el petróleo que fue robado” a compañías estadounidenses, ignorando que disputas derivadas de nacionalizaciones pasadas han sido litigadas durante años mediante arbitrajes internacionales y reclamos de compensación, incluidos los de ConocoPhillips y Exxon, mientras Chevron continúa extrayendo y comercializando crudo venezolano.
Muchos observadores advierten que esta operación de cambio de régimen no ofrece claridad creíble sobre lo que ocurrirá después, especialmente ante la retórica de que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela. En contradicción con el deseo declarado del presidente Trump de evitar guerras y pérdidas de vidas, esta acción podría arrastrar a Estados Unidos a un nuevo atolladero que pone innecesariamente en peligro a miembros de nuestras fuerzas armadas y, dada la cercanía regional, también a nuestras comunidades y población civil.
El público estadounidense no quiere una guerra con Venezuela. Una encuesta de CBS News/YouGov encontró que amplias mayorías se oponen a una acción militar de EE. UU. y que existe un apoyo significativo a exigir aprobación del Congreso, reflejando una comprensión clara de que las guerras de cambio de régimen —especialmente las vinculadas al acceso al petróleo— benefician principalmente a la industria armamentista y a los lobbies pro-guerra, no a la gente común en Estados Unidos o Venezuela.
Determinados sectores políticos y de cabildeo han intentado culpar al gobierno cubano por la supervivencia del gobierno venezolano, y han alegado —sin pruebas— que el aparato de inteligencia de Maduro está controlado por Cuba. No existe evidencia de estas afirmaciones, que sólo sirven para desviar la atención y aumentar el riesgo de ampliar el conflicto a otro país cercano, que sigue padeciendo las peores crisis económicas y humanitarias en décadas. Las decisiones basadas en inteligencia errónea han arrastrado a Estados Unidos a guerras interminables —de Vietnam a Irak y Afganistán— con costos incalculables para nuestra nación.
ACERE se fundó para promover entendimiento, diálogo y compromiso —no imposición ni desprecio por la soberanía de otras naciones— y para rechazar la lógica de la “presión máxima” que, reiteradamente, aísla a Estados Unidos, reduce el espacio para relaciones constructivas y produce daños humanos y políticos sin soluciones sostenibles. Durante más de seis décadas, las operaciones militares, el castigo colectivo y las amplias medidas coercitivas unilaterales contra Cuba no han logrado el cambio de régimen, y sólo han endurecido los conflictos. Repetir ese libreto en Venezuela —mediante una intervención militar ilícita— invita a una crisis prolongada y a una pérdida masiva de credibilidad internacional.
Por estas razones, ACERE llama a:
- Desescalada inmediata y fin de cualquier acción militar adicional.
- Estado de derecho y debido proceso: cualquier alegación de conducta delictiva debe tramitarse por mecanismos legales —como procesos de extradición reconocidos o la presentación de pruebas ante un foro judicial internacional competente— y no mediante la captura unilateral por la fuerza.
- Respeto a la soberanía venezolana y a los canales multilaterales: las disputas deben abordarse mediante la diplomacia y procesos legales internacionales compatibles con el derecho internacional, no por coerción unilateral.
- Supervisión y rendición de cuentas del Congreso para impedir que la política exterior de EE. UU. derive hacia un conflicto indefinido sin autorización ni una estrategia creíble de salida.
ACERE reitera que el futuro de Venezuela le pertenece al pueblo venezolano. Los cambios reales y duraderos se construyen con negociación, cooperación y respeto —no con operaciones militares que ponen en peligro a nuestros propios soldados, ciudadanía e intereses nacionales.
